Usar software pirata es ilegal y eso conlleva multitud de problemas legales y de seguridad, además de suponer una lacra económica para las empresas que lo producen..
Mas allá de lo que cada uno tenga instalado en su Pc, utilizar software pirata en un sistema Tpv, ya sea el sistema operativo o la aplicación de cobro, es una situación muy grave que debería ser remediada sin espera.
Además de la carencia de soporte, problemas de seguridad y bugs, esto supone desde el pasado 1 de julio de 2015 un endurecimiento en las responsabilidades penales que el uso de software fraudulento supone.
La reforma del código penal persigue de manera mas dura a los administradores, responsables y directivos de empresas que utilicen software ilegal, reforzando la protección de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual, exponiendo que será penado todo aquel que de cualquier modo explote económicamente total o parcialmente una obra con propiedad intelectual con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto.
El uso de software ilegal representa un beneficio indirecto a la empresa o persona jurídica que lo utilice, así conductas que antes prácticamente salían impunes, ahora son denunciables con las siguientes penas aplicables:
- Multa por cuotas o proporcional que pueden ascender a los 280.000 Euros.
- Disolución de la persona jurídica lo que producirá la pérdida definitiva de la personalidad jurídica, así como de la capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
- Suspensión de las actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
- Clausura de los locales y establecimientos de la empresa por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
- Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
- Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
- Para los administradores pueden cumplir penas de hasta 4 años de privacidad de libertad, las empresas que violen la ley pueden enfrentarse al pago de los daños y prejuicios por las licencias de software que deberían haber pagado en su momento.
Si es usted usuario de software ilegal, solucione el problema antes de que una inspección derive en problemas que incluso puedan hacer que pierda su negocio y su libertad.
En caso de que sea ilegal el software de Tpv que utilice, recurra a un buen profesional capaz de migrarle los datos a una versión legal y dejar la instalación en perfectas condiciones.
Siempre es mejor tener el negocio dentro de la ley
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